AMENAZA GOBERNADOR ESCENARIO DE LA DEMOCRACIA

El Congreso del Estado tiene la responsabilidad histórica de acatar y dar respuesta a lo dispuesto por el Instituto Nacional Electoral, de sancionar al Gobernador Carlos Lozano de la Torre por su intromisión y perjuicio en la contienda del pasado 7 de junio que derivó en repetir los comicios, y por si fuera poco, responder a lo dispuesto recientemente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acusando también al Ejecutivo de no haber respetado la veda con la amplia difusión  de su quinto informe de administración.

Sin embargo, las posturas en el Congreso se perfilan al uso de la mayoría para salvar a Lozano de la Torre sobre sus actos violatorios de la ley.   El PRI y el Partido Verde se valdrían de su mayoría junto con otros partidos que representan la minoría para impedir la deshonra del Ejecutivo.

La bancada del PAN perfila el juicio político por un acto cometido por un Gobernador, sobre el cual no existen antecedentes en la historia de Aguascalientes.

Pero el otro caso es también sumamente delicado. Valiéndose de la discrecionalidad en los pagos de la comunicación institucional,  el Gobierno del Estado difundió  a través de la estación de Radio BI de Radiogrupo, en vivo y directo segmentos del Informe emitido desde el Teatro de Aguascalientes por Carlos Lozano.  Además hubo un derroche en publicaciones de diarios y espectaculares.

Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado del Tribunal Electoral, dijo que si bien es cierto es una obligación por parte del gobernador del estado rendir el informe por escrito ante el Congreso, no existe obligación alguna a difundirlo de manera pública, máxime si había una campaña electoral federal en curso en ese momento, ya que lo prohíbe nuestra Constitución y la Ley General Electoral.

Por su parte, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello señaló que debió prevalecer la mesura, la neutralidad absoluta, la responsabilidad y la  consciencia del servidor público, a fin de evitar poner en riesgo los principios rectores del proceso electoral.

El magistrado Clicerio Coello Garcés añadió que la Constitución establece la obligación del gobernador de rendir un informe ante el Congreso Local, por una parte, y por otra la posibilidad de difundir este informe siempre y cuando no se estén celebrando campañas electorales, ya que esto último si violenta la normativa electoral.

Distintos actores políticos consultados advierten que el excesivo protagonismo del Gobernador del Estado y su incansable pretensión por retener el poder con personajes afines a sus intereses, constituyen una seria amenaza a la legalidad, imparcialidad y la participación ciudadana en las elecciones del próximo año.