A casi dos meses de concluir este atribulado 2016, ya en la recta final, es necesario hacer un balance entre las acciones y los hechos de gobierno, precisamente por el lamentable espectáculo de los candidatos en campaña por la gubernatura de 12 estados, además de los mal llamados constituyentes de la CDMX, han hecho evidente, a lo largo de estos meses, que el problema más grave de México es la corrupción. Las dinámicas de denuesto y lodo entre aspirantes, líderes y partidos políticos, dejan bien claro que lo que los impulsa es la avaricia, el deseo de poder y riqueza a cualquier precio, no las propuestas y el anhelo de servir de manera limpia y honrada.

En el trascurrir de los meses de este 2016, advertimos la existencia de discursos contradictorios y paralelos, donde el presidente y sus colaboradores, con desatacada presencia de los secretarios de educación y nuevo secretario de hacienda se han empeñado en mostrar un país con rumbo, que transita por el camino marcado por las reformas constitucionales impulsadas por el propio presidente Peña, a pesar del escenario internacional adverso, sin embargo, es claro que la distancia entre el decir del gobierno y los ciudadanos cada vez es más amplia.

Mientras los políticos han ensuciado el ambiente social con la corrupción que exhiben, de manera particular es de señalar el caso de los gobiernos de Veracruz, Chihuahua y Sonora, quienes no pudieron demostrar la licitud de su inmensa riqueza, como consecuencia de su ingreso como servidores públicos. Pareciera que el presidente y su equipo no escuchan ni advierten el grave daño social causado a la ciudadanía, cada vez más incrédula e indiferente respecto de sus discursos mostrando logros y mejoras que nadie ve o que nadie cree, precisamente porque no son acciones que cuenten poco o mucho, sino que describen un clima social de molestia o desengaño. El pueblo está fastidiado de tanta palabrería, banalidad y suciedad, bien de los políticos que aspiran a los cargos, o bien de aquellos que ya en ejercicio del poder han dado sobradas muestras de ser más de la misma corrupción.

La molestia social no debe ignorarse o minimizarse. No se trata de un segmento, ni de grupos focalizados que se pueden neutralizar fácilmente; más bien es un clamor de decepción que debe atenderse con acciones decididas por parte del gobierno en contra de la corrupción, de lo contrario, desde ahora se puede prever que el abstencionismo mostrado en el recién concluido proceso electoral se hará extensivo a todo el país en el 2018, cuando precisamente sea la elección presidencial a la que se convoque.

A finales del mes de mayo, el INEGI publicó los resultados de la encuesta nacional 2015 sobre calidad e impacto gubernamental. Si bien los resultados no sorprenden por su novedad, sí por su reiteración. En primer lugar, la mayor preocupación y molestia social está en la inseguridad que provoca la incontrolada delincuencia, y en segundo, la corrupción gubernamental. La percepción ciudadana respecto a la corrupción de los policías y los ministerios públicos debe llamar la atención de los gobernantes. El trabajo que realizan estos servidores públicos es especialmente relevante para la población, en la mayoría de los casos se trata del primer contacto del ciudadano con la autoridad y es lamentable el nivel de desconfianza y de temor con que las personas perciben a estos servidores públicos, violadores sistemáticos de la ley que en cambio imponen por la fuerza a la población inerme ante tanto abuso.

Las tareas de gobierno encuentran en la actividad legislativa una de sus funciones, no la única ni la principal. Mucho más importante que los acuerdos para impulsar y concretar reformas constitucionales es generar el ánimo, el ambiente propicio para que los gobernados se identifiquen con el gobernante y adviertan en él y en su equipo la consistencia de sus acciones cotidianas para hacer realidad el buen gobierno, ése que tiene su objetivo prioritario en el bien común.

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