Ante la reiterada invitación para elegir al constituyente, el fracaso anunciado de 64% en términos de indiferencia y abstencionismo por parte de los ciudadanos habitantes de la CDMX, es prueba fehaciente de la banalidad de la convocatoria. Cabe recordar que desde hace 19 años, al Distrito Federal le fue concedida la gracia de elegir a su gobernante y en el transcurrir de esas casi dos décadas ha sido gobernado por el PRD; en todo ese tiempo ni los habitantes, ni los gobernantes habían caído en la cuenta respecto de la necesidad de dotar a la megalópolis de una constitución; la razón es muy sencilla, el referido texto en modo alguno es necesario, y lo más importante, desde la perspectiva de los capitalinos en nada cambiará la situación cotidiana de inseguridad, violencia, pobreza, impunidad, contaminación, corrupción y disgusto social ante la insuficiencia o deficiencia en la prestación de servicios públicos.

Se calcula que la elección de los integrantes del constituyente costó a la ciudadanía un monto cercano a los 700 millones de pesos; como se sabe, ese cuerpo colegiado constará de 100 integrantes: 40 electos por el presidente, la cámara de diputados, la de senadores y el propio gobernante de la CDMX, los 60 restantes fueron elegidos mediante un proceso desafortunado y extraño organizado por el propio INE. Para muchísimos de los abstencionistas resulta oprobiosa la muestra de insensibilidad de quienes gobiernan al realizar un gasto como ése, siendo tan evidentes las necesidades de pavimento, alumbrado, recolección de basura, transporte público digno, aire limpio, etc., etc.

Se ha insistido, con ese ejercicio tan extrañamente calificado de democrático, que se trata de integrar una asamblea constituyente. El error no sólo es de semántica sino de concepto, precisamente porque la entidad de la CDMX ya fue constituida por el mismísimo H. Congreso de la Unión; de manera que en los días y meses siguientes al 5 de junio, el referido e innecesario texto que habrán de producir o avalar los elegidos no será un texto fundacional, sino uno que no transgreda aquellos derechos y obligaciones plasmados en la Constitución y de los que ya gozan los capitalinos en particular y en general todos los mexicanos.

Sin embargo, es de esperar que en la constitución de la CDMX se expresen deseos de grupos de interés al interior del propio constituyente, entre otros, el derecho al Internet, al acceso gratuito a espectáculos culturales y al transporte, etc. Si el nuevo texto contradice a la Constitución, son de esperarse litigios interminables, precisamente porque la inconstitucionalidad del referido nuevo texto abrirá una larga brecha entre lo deseable y lo posible, entre la CDMX y sus gobernados.

En el ámbito administrativo y de gobernanza, son de señalar los cambios que la propia reforma constitucional que creó la CDMX prevé; de las así llamadas Delegaciones Políticas, ahora transformadas en alcaldías, son evidentes las múltiples complejidades para hacer posible esa transición, desde ahora se sugiere que el nuevo jefe de gobierno de la CDMX tendrá delante de sí un reto enorme para reorganizar el funcionamiento de la ciudad a la luz de las nuevas competencias.

En el desafortunado asunto de la constitución de la CDMX, es evidente que son más los problemas que se prevén con su creación que los posibles beneficios que no se ven. La gobernanza de la Ciudad de México requiere inteligencia, honestidad y capacidad de compromiso ante los grandes problemas y desafíos que presenta, dotarla de una constitución no es y no era una prioridad, los 19 años anteriores así lo demuestran. Sin embargo, es de esperarse que con este nuevo instrumento se potencien los problemas y se hagan más complejas las soluciones. Mil veces se ha demostrado que la posibilidad de revertir los problemas en soluciones, no se condiciona a la creación de textos jurídicos.

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