A lo largo de la historia humana, hemos podido observar la constante de la insociable sociabilidad que el filósofo alemán Immanuel Kant expresara en su obra “La paz perpetua”, en 1795. Esta tensión entre la necesidad de los otros y el anhelo de autonomía, han motivado el complejo de instituciones al que llamamos Estado, existiendo siempre en los gobernados la certeza, o por lo menos la sospecha, respecto del modo en cómo se comportan y ejercen el poder aquellos que por los más diversos caminos han llegado a las posiciones de gobierno, de mando y de toma de decisiones de largo alcance social.

La paz perpetua es una obra obligada de lectura y reflexión jurídica y ética, en ésta Kant propone a los gobernantes avanzar a la concreción de una forma de convivencia mundial que entienda a la guerra no como un derecho sino como la negación de todo derecho y en consecuencia expresión de la máxima injusticia, en tanto el poder de decisión inherente a la función de gobierno se ejerce para producir el mal en otros, en el mejor de los escenarios bajo la motivación de evitar un daño propio.

Kant afirma con nítida claridad que “en el ejercicio de las funciones de gobierno, las acciones referentes a los derechos de los gobernados siempre son injustas si su realización no admite publicidad”, hoy diríamos transparencia. Éste es el verdadero reto en todos los esfuerzos gubernamentales por mover a México para que alcance el desarrollo económico y social que urge. Allí donde la opacidad, la falta de claridad y la arbitrariedad se imponen, la injusticia tiñe con el tono de la molestia, la sospecha, la desconfianza y el desencanto ciudadano cualquier gestión gubernativa, precisamente porque se realizan acciones referentes a los derechos de los gobernados sin ellos estar enterados e involucrados.

Tal como ha sido publicado por Transparencia Internacional, los índices de corrupción en 2015 refieren que el país más corrupto es Corea de Norte, ocupa el lugar 167, es decir, el último en la lista de los evaluados, por contraste, el menos corrupto es Dinamarca, y para vergüenza nuestra, el lugar de México es el 95, muy por debajo de países de nuestro continente como Chile (22) y Costa Rica (40).

Durante las últimas semanas, en diversos foros académicos se ha insistido en la necesidad de dar impulso desde la sociedad civil a la ya famosa propuesta de ley “Tres de tres”, de manera que todo candidato a servidor público, y todo servidor público en activo, de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y en cualquiera de los tres niveles: federal, estatal y municipal, esté obligado a hacer pública su declaración patrimonial real, su declaración fiscal y su declaración de intereses; éste sería el principio del remedio para erradicar el cáncer de la corrupción gubernamental que tiene a México postrado en el fango de la impunidad.

Los impulsores de esta gran iniciativa ciudadana ya han recabado más de las 300,000 firmas que se les piden para que pase al Congreso como propuesta de ley ciudadana; es de destacar que los líderes de los tres partidos políticos mayoritarios la han suscrito, haciendo públicas sus Tres de tres, desde luego, hace falta que el resto de los servidores públicos, empezando por los de más alto rango, tengan la sensibilidad de entender las exigencias recíprocas entre la ética y la política.

Nadie niega, ni podría pretenderse que como cualquier ciudadano, los servidores públicos no tengan preferencias e incluso intereses personales, el problema de la corrupción o de la falta de transparencia consiste en que ejerzan esos intereses personales, haciendo uso de lo público como si se tratara de bienes personales.

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