La preocupación por la violencia y el abuso al que son sometidas las niñas y adolescentes en México y en todo el mundo, es materia de reflexión y acción del alto Comisionado de Naciones Unidas. Para los últimos días de noviembre y hasta el 10 de diciembre, en que se celebró el Día de los Derechos Humanos, se prepararon diversas campañas con el propósito de que contribuyan a visibilizar, para tomar conciencia y erradicar las prácticas de violencia y abuso que sufren las niñas mexicanas.
Con frecuencia, las mujeres adultas que tienen a cargo la educación de las niñas y adolescentes asumen este grave signo de descomposición social con resignación y aceptación, porque se trata de patrones de conducta que a pesar de su perversidad se entienden como parte de una cultura, como inscrito en tradiciones, usos y costumbres que infravaloran a la mujer, al tiempo que sobrevaloran al varón, y en nuestro país estos modos de comportamiento no son exclusivos de las comunidades indígenas.
En este año de 2015, el alto Comisionado de Naciones Unidas desplegó diversas estrategias para que la sociedad y las comunidades tomen conciencia sobre una de esas prácticas de abuso contra niñas y adolescentes, se trata de los matrimonios o uniones en edad temprana, es decir, de menores de 18 años, que al ser sometidas o inducidas a contraer ese vínculo, en realidad lo que se hace es cancelar su futuro y prolongar una situación de explotación, dependencia y abuso, que desde luego impide o hará difícil su desarrollo integral como ser humano, al que tiene derecho, y a disfrutar de su vida adulta en plenitud y en libertad.
En México, el Código Civil Federal establece como edad mínima para contraer matrimonio 14 años en la mujer y 16 en el varón, sin perjuicio de que la Ley General de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes establece como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. El asunto se complica porque solo en 7 estados de la República Mexicana —en sus respectivas legislaciones— se determina la edad de 18 años, es decir, los contrayentes deben ser mayores de edad para contraer matrimonio. En la mayoría de los estados de nuestro país, el matrimonio se puede contraer antes de los 18 años, sin menoscabo de todos los casos en que aparte del matrimonio ocurren uniones tempranas de niñas, a quienes se les impone cargas y responsabilidades propias de la vida adulta, para las que no están preparadas, por el simple hecho de que aún son niñas o adolescentes.
Diversas organizaciones dependientes de la ONU se han propuesto unir sus esfuerzos para generar amplios espacios de reflexión sobre esta ancestral forma de violación de los derechos humanos de las niñas y adolescentes, porque al inducirlas al matrimonio o a las uniones tempranas, en realidad se está lesionando gravemente su derecho a una vida plena y consecuentemente sus derechos a la libertad de decidir por ellas mismas, a su salud, a su educación y a su integridad.
En el fondo de los matrimonios de adolescentes y las uniones tempranas de niñas, desde luego existe la aceptación social de la discriminación femenina, que trae como consecuencia una baja autoestima, deserción escolar, embarazos prematuros, mortalidades materno-infantiles, transmisión intergeneracional de un estilo de vida que acepta la violencia y el sometimiento como un lastre inevitable, por el simple hecho de haber nacido mujer.
México tiene por delante un amplio horizonte de trabajo legislativo para armonizar su legislación en materia de familia, acorde con los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, pero independientemente del trabajo legislativo existen tareas comunitarias y colectivas que deben concretarse en políticas públicas para elevar la autoestima de las niñas y adolescentes, de manera que escolarmente se preparen más y mejor, también es preciso que en la familia se propicie el desarrollo de hábitos, disposiciones y actitudes que favorezcan el crecimiento integral de su personalidad para que lleguen a ser mujeres adultas capaces de decidir con libertad y responsabilidad el mejor futuro de un país.
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