El Senador Toño Martín del Campo expresó su preocupación por la creciente confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacando que este conflicto amenaza con debilitar la independencia de los poderes y, con ello, poner en riesgo el Estado de Derecho en México.

Durante una conferencia de prensa, el legislador calificó de «lamentable» que los argumentos ideológicos estén prevaleciendo sobre los aspectos técnicos y legales en la discusión sobre la reciente Reforma al Poder Judicial.

La aceptación de la consulta presentada por jueces y magistrados es una muestra clara de que la Suprema Corte está actuando con responsabilidad al analizar los posibles alcances de esta reforma. No obstante, es preocupante que en lugar de buscar un diálogo constructivo, los titulares de los otros poderes opten por el enfrentamiento, lo cual no solo afecta al sistema judicial, sino también a la certeza jurídica de todos los ciudadanos, señaló Martín del Campo.

Indicó que si persiste el desconocimiento de los actos de la autoridad judicial, lo primero que sucederá es que se reducirán las inversiones al no existir seguridad jurídica.

En otro orden de ideas, el senador adelantó su voto a favor de que el incremento al salario mínimo no pueda ser menor a la inflación, con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Asimismo, afirmó su respaldo para incluir en la Constitución el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, asegurando que este tipo de iniciativas deben tener un marco legal que garantice su continuidad y su impacto positivo en la juventud mexicana.

El Senador Martín del Campo también anunció su voto en contra de mantener la prisión preventiva oficiosa, una medida que, en sus palabras, «podría convertirse en un mecanismo de control político». Señaló que, aunque es fundamental garantizar la seguridad, no se puede permitir que esta medida excepcional se utilice para coartar derechos ni para intimidar a los ciudadanos.

Igualmente, se pronunció en contra de la desaparición de los órganos autónomos, subrayando que estos representan un contrapeso necesario para mantener el equilibrio democrático y la transparencia en la administración pública.