El Gobierno del Estado informa que se conformó el Consejo Consultivo del Plan Integral para la Atención y Previsión de la Sequía y Uso Óptimo del Agua, con el objetivo de que productores, expertos y funcionarios públicos integren un frente común que ayude al campo de Aguascalientes a mitigar los efectos causados por este fenómeno natural.

Este esfuerzo que encabeza la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), se orienta a motivar la participación de los sectores público, privado y social, además de gestionar e integrar recursos para la ejecución de programas y medidas que reduzcan las repercusiones del cambio climático en la actividad agrícola y ganadera.

Isidoro Armendáriz, titular de la Sedrae, explicó que con estas acciones se busca evitar la descapitalización del campo: “La sequía tiene un fuerte impacto en la producción del campo, lo que desencadena también efectos como el alza de los precios en los productos básicos, en la leche, las frutas y las verduras. Tenemos que atender esta situación como una emergencia y Aguascalientes está dando el primer paso, estamos extendiendo la mano y caminando codo a codo con los productores, tal como lo instruyó la gobernadora Tere Jiménez”, mencionó Armendáriz García.

Finalmente, subrayó que derivado de la sequía que afecta a gran parte del territorio nacional, es de suma importancia mantenerse atentos a los pronósticos del tiempo, los niveles de las presas y, por supuesto, las nuevas tecnologías aplicadas al campo para tener un uso óptimo del agua. 

Al Gobierno de México le preocupa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en contra de la prisión preventiva oficiosa en casos de delitos de alto impacto para la sociedad, como así han condicionado organismos internacionales.

Supone que en el análisis del tema, existe la propuesta para que todos los jueces ya no consideren esa alternativa que garantiza que el acusado comparezca a juicio, no haya fuga y se salvaguarde la seguridad de víctimas y testigos.

De ser así, el Gobierno de México dijo que el Poder Judicial estaría excediendo sus facultades y tomar una decisión que no dimensiona lo que implicaría para la paz y la seguridad del país, dado que se estarían liberando a 68 mil presuntos delincuentes que actualmente se encuentran encarcelados acusados principalmente de homicidio, secuestro, violación, narcotráfico, portación de armamento y explosivos, femenicidio, abuso infantil y delincuencia organizada.

En Aguascalientes implicaría abrir las rejas de la prisión preventiva justificada u oficiosa a mil 76 detenidos.

Juan Rojas, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia sostuvo que, en Aguascalientes, “por lo menos queremos que las prisiones se justifiquen siempre”.

Serán 424 personas privadas de su libertad que aún no están sentenciadas, las que podrán votar en los distintos centros de reclusión de Aguascalientes, para elegir exclusivamente a Presidente de la República.

En los 282 centros penitenciarios del país, tanto federales como estatales, 31 mil 121 internos emitirán su voto de manera anticipada , del 6 al 20 de mayo, en mesas receptoras que se instalarán en cada sitio.