En apego a su compromiso de garantizar el total respeto a los derechos humanos de las personas, el Senador Juan Antonio Martín del Campo, presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas a fin de prevenir y reprimir este creciente delito en nuestro país.

Manifestó que México fue uno de los 51 países fundadores de Naciones Unidas y desde entonces ha ratificado instrumentos internacionales que demuestran su compromiso por construir un mejor sistema de protección y garantía de los derechos humanos reconocidos a nivel mundial y sobre todo, dentro de su territorio, por ello el interés de dar impulso a esta iniciativa.

Sobre este particular, refirió que según datos de la Comisión Nacional de la Búsqueda, existen alrededor de 40 mil personas desaparecidas, además de mil 100 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar, situación que debe ser atendida y controlada a la brevedad.

En este contexto, añadió que Aguascalientes no es la excepción y en lo que corresponde a nuestro estado, de acuerdo a información proporcionada por la Procuraduría de Justicia se ha logrado conocer que desde el 1º de enero de 1995 se han registrado un total de 573 casos de este tipo, de los cuales 332 víctimas corresponden al género femenino y 241 al masculino.

“Sabemos que uno de los grandes problemas por los que atraviesa México es la inseguridad, por lo que aquí en este Senado hemos aprobado varias leyes en la materia y lo seguiremos haciendo cada día con base en las circunstancias que actualmente estamos viviendo. Es por eso que el día de hoy estoy presentando una iniciativa para personas desaparecidas”.

Por lo anterior y tomando en cuenta las recomendaciones realizadas por el Comité Contra la Desaparición Forzada, el legislador federal propuso reformar los artículos 29 y 30 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de búsqueda de personas, para establecer expresamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos con base en Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

“Una desaparición es una forma de sufrimiento doblemente paralizante: por una parte, para las víctimas, muchas veces torturadas y siempre con el temor de perder la vida y por otra, para los miembros de la familia, que no saben el destino de sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, por noticias que acaso nunca lleguen”.

Con esta iniciativa, aseguró, la Ley General establecerá lineamientos mínimos respecto de los cuales las entidades federativas deberán adecuar sus legislaciones locales ampliando así el marco de responsabilidad de los servidores públicos para realizar las acciones necesarias a fin de prevenir la comisión y sobre todo, la omisión de estos ilícitos y a su vez, se haga del conocimiento en tiempo y forma de las fiscalías los hechos que pudiesen ser constitutivos de éstos y se avance en la prevención, investigación y sanción de este delito, así como la reparación integral de las víctimas.

Finalmente, Martín del Campo confió en que recibirá el apoyo de las y los legisladores federales para la aprobación de esta propuesta al tratarse de una ley vanguardista y cuyo único objetivo es el de salvaguardar la integridad de las personas en su totalidad.