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El pasado mes de abril el presidente Peña Nieto se alineó a la tendencia mundial, al promover en el Congreso y en los foros internacionales, incluida la ONU, la legalización de la mariguana para fines terapéuticos. Desde luego, el aplauso de la prensa internacional y de los grupos de interés en México han entendido este cambio de política pública como un avance que no ignora la enorme oportunidad de negocio detrás de la comercialización de la “hierva”.

Para nadie es novedad que nuestros vecinos del Norte ocupan el honroso primer lugar entre los países consumidores y por su cercanía resultan los clientes más rentables y fieles que México podría tener. De hecho, el monto del comercio anual se calcula en poco más de 14 mil millones de dólares tan sólo en California. Es una realidad que entre los norteamericanos, la adicción va en aumento, sea por motivos terapéuticos o como se pretenda explicar.

Por ahora, los foros de discusión sobre utilizar mariguana, sólo en su modalidad medicinal, ignoran que el consumo supone producirla y comercializarla. Precisamente, en los trabajos legislativos que se están realizando estas actividades permanecen en zona de oscuridad, de manera que una vez más, por falta de legislación clara, precisa y eficaz se están dejando de prever potenciales problemas, entre otros, el comercio de recetas falsas y la proliferación de adictos disfrazados, al tiempo que también se oscurece la visión de negocio y los inevitables impactos en la salud pública.

En la historia económica de México han existido hasta hoy ciertas actividades que políticamente se han considerado estratégicas y por tanto el Estado se ha entendido como el único prestatario; tal es el caso de PEMEX y de la CFE. Sin embargo, en fechas muy recientes han tenido que modificar su discurso monopólico y abrirse a la competencia y a las opciones que la globalización y las aperturas comerciales imponen.

La sensibilidad del mundo entero está cambiando y hoy se entiende que el problema del consumo de drogas llegó para quedarse, de manera que se está registrando una nueva toma de postura que transita de la exclusión, sanción y penalización de los adictos, a la inclusión y acompañamiento en su proceso de desintoxicación.

Desde luego, en términos de salud pública el costo que este viraje político representa para las finanzas del Estado habrá que valorarlo en su oportunidad y ni qué decir de los costos sociales cuyo mayor impacto se presenta en los jóvenes.

Los simpatizantes de este cambio de postura política que opta por la despenalización del consumo de mariguana, sostienen que no es posible continuar con la política de persecución de narcotraficantes, e involucrar al ejército en tareas de seguridad que no le son propias y generan el clima de violencia e inseguridad social en que vivimos. Sin dejar de atender la parte de razón que existe en esos argumentos, es importante considerar que el tránsito hacia diversas formas de violencia también lo resiente la sociedad, por la destrucción personal que comportan las adicciones en términos de incapacidad para la vida y las dinámicas sociales, incluidas, desde luego, aquellas que imponen las exigencias laborales y productivas.

La posibilidad de hacer grandes negocios con Estados Unidos como cliente principal de la mariguana nacional exige una legislación clara, que entre a desarrollar el escabroso asunto de la producción y venta sin ambigüedades. Los senadores que se presentan a la opinión pública como sensibles a los riesgos sociales de esta apertura, pretenden que bajo la figura del monopolio que el Estado ejerza sobre esas actividades comerciales se generarán empleos y se mitigará o controlará el riesgo de expandir entre la población mexicana el consumo interno.

La prudencia, que es virtud obligada en el ejercicio de las funciones de gobierno, recomienda tomar distancia respecto de las decisiones trascendentes, aquellas de gran impacto social, de manera que sea posible distinguir con claridad entre una oportunidad de negocio real y otra aparente, que ignora u oculta valores sociales, al tiempo que deslumbra con imaginarias cantidades millonarias que puede aportar el monopolio. Un principio elemental de la ética política se refiere a la inconveniencia para el gobernante de realizar actos malos para obtener fines buenos.

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